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La vulnerabilidad de los DDHH de las personas LGTBI en Honduras, y ni hablar de matrimonio igualitario

Por Eduardo Enrique Reina 

Honduras es un  país que enfrenta muchas crisis, una de ella es en Derechos Humanos. Como consultor del PNUD, UNAIDS, UNFPA y del Foro Nacional de VIH/SIDA pude trabajar de cerca con uno de los grupos vulnerables en Honduras, donde ya la situación de pobreza y frágil institucionalidad hace vulnerables a más del 70% de las y los hondureños. En esas complejidades que hoy se reflejan ante el mundo con una Caravana de Migrantes que ha tomado la palestra de las noticias, se encuentra un grupo de personas que sufre día a día, no solo discriminaciones por homofobia, sino que también violencia y lo que se podría catalogar como crímenes de odio.

La CIDH en sus informes ha subrayado que desde el año 2009 hasta noviembre de 2015 se han registrado en Honduras  más que 200 casos de muertes violentas contra integrantes de organizaciones que promueven los derechos de las personas LGBT en Honduras, de los cuales solamente 33 habrían sido judicializados. Algunos hasta habían recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana.

En un país que se encuentra entre los de mayor índice de asesinatos por cada 100,000 habitantes,  y más de 25,000 jóvenes asesinados en ese mismo período de tiempo, a veces se invisibilizan muertes como los feminicidos y claro los crímens a la comunidad LGTBI.

La lucha de las organizaciones por los derechos de las personas LGTBI, se concentra en temas tan básicos como el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, en un país como Honduras con tasas de más del 80% de impunidad, y  muy poca judicialización de casos y de culpables. La Impunidad por desgracia es una norma.

Para los activistas es difícil pensar en otros derechos, como al trabajo, a la vida digna y que decir de temas que se encuentran en discusión mundial como el matrimonio igualitario.

Recientemente  la Corte Interamericana de Derechos Humanos  emitió una opinión consultiva a una consulta realizada por el Estado de Costa Rica que versaba sobre la  identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo (OC-24/17). Esta decisión de la Corte Interamericana que considera el Matrimonio Igualitario como compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, se ha convertido en un hito jurídico.

Son pocos los países en el mundo que han aprobado el Matrimonio Igualitario, y es un tema de debate permanente en países desarrollados, no digamos en países en vías de desarrollo. En el mundo son 25 países los que han aprobado el matrimonio igualitario. En América Latina lo han aceptado, Argentina, Brasil, Colombia, y Uruguay. Está en debate en una reforma constitucional de manera indirecta en Cuba, en México es aceptado por algunos estados  y la Corte Constitucional de Costa Rica ha dado el tiempo para que se cumpla la Opinión de la Corte Interamericana. En países como Chile se acepta un tipo de unión civil.

El tema tiene avances y retrocesos, en Brasil con la llegada al poder de Bolsonaro, se rumora que puede revertir esta decisión. Eso está por verse.

En el caso de Honduras varias organizaciones interpusieron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, en particular la Asociación LGTB Arco Iris de Honduras y del Centro para el Desarrollo de la Cooperación LGTBI de Honduras, respectivamente.  La acción fue interpuesta contra los decretos legislativos 176-2004 y 35-2013 emitidos por el Congreso Nacional en fecha 28 de octubre del 2004 y 27 de febrero del 2013, que prohíben el matrimonio, unión de hecho, derechos sociales y patrimoniales a personas del mismo sexo.

El recurso ha sido declarado inadmisible. La acción seguirá y lo más probable es que al agotar el procedimiento interno llegue a la CIDH y de ser admitida la petición ante la Corte Interamericana.

En Honduras se lucha día a día por los derechos humanos, en un país en que la fuerza de las iglesias católica y evangélica está sobre el principio constitucional del estado laico, y donde su influencia conservadora es real. Falta mucho camino por andar, y defender derechos puede poner en riesgo la vida, como el conocido caso de la ambientalista indígena Berta Cáceres, el cual ya tiene 2 años 7 meses de impunidad. Hay mucho por hacer y solo entendiendo esa crisis estructural, debilidad institucional e impunidad que se sufre en Honduras, que va a temas como democracia, derechos humanos, corrupción, pobreza e inequidad, es que se pueden comprender temas como la Caravana Migrante, donde también participan miembros de la comunidad LGTBI, a pesar de eso, es un país que cambiará en su momento.

Eduardo Enrique Reina García (Honduras). Abogado con un Postgrado en Diplomacia por la Universidad de Oxford. Diplomático de Carrera, con cargos en Bruselas, Países Bajos, Londres. Embajador ante la Casa Blanca donde representó al Gobierno de Jose Manuel Zelaya durante el golpe de estado de Honduras en 2009. Ha ejercido importantes cargos en el gobierno de Honduras como: Viceministro de Relaciones Exteriores y Secretario Privado y Ministro de Comunicaciones duramnte el gobierno del Presidente Zelaya. Como  consultor independiente ha trabajado con el BID, BM, GTZ, PNDU, UNAIDS, UNFPA y USAID en temas jurídicos, políticos, comerciales, institucionalidad, democracia, derechos humanos, sociedad civil y VIH/SIDA. En 2013 fue candidato a la Vicepresidencia con el Partido Libertad y Refundación (Libre), y ocupó el cargo de Secretario de Comunicaciones y vocero del Partido Libre en 2013. Es columnista para el diario La Tribuna y la Revista Política de Honduras. Recibió la condecoración Cóndor de los Andes, Grado de Comendador, otorgada por el gobierno de Bolivia por su labor como Representante de la Organización de los Estados Americanos en 2013. Actualmente es el Representante de la Secretaría General de la OEA en La Paz, Bolivia.