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La seguridad no está reñida con el derecho

a vivir en paz

Por María Peña

Desde la masacre en la escuela secundaria “Columbine”, en Littleton (Colorado), que segó la vida a 13 personas en 1999, la violencia de las armas ha sacudido la inocencia de más de 187,000 jóvenes. Es hora de que la clase política en Washington entienda que la seguridad no está reñida ni con la Segunda Enmienda ni con el derecho a vivir en paz.

Estados Unidos vive una innegable crisis por culpa de la violencia de las armas, y las cifras no mienten: en promedio, 96 personas mueren a diario en todo tipo de incidentes con armas de fuego, o más de 33,000 personas al año.

Esas cifras no incluyen el daño colateral que sufren quienes sobreviven a ataques escolares.

Un reciente análisis del diario “The Washington Post” indicó que, a raíz de la matanza en Columbine, más de 187,000 estudiantes en al menos 193 escuelas han presenciado tiroteos en horas de clase.

El movimiento estudiantil que brotó de la masacre de 17 estudiantes en una secundaria en Parkland (Florida) el pasado 14 de febrero, busca silenciar las armas en los colegios y comunidades.

En la reciente “Marcha por Nuestras Vidas”, su mensaje a los líderes del Congreso fue contundente: adopten leyes para restringir el acceso a las armas y mejorar la seguridad escolar, o los votantes jóvenes les pasarán factura en los comicios legislativos de noviembre próximo.

Hasta ahora, su clamor no ha podido con el poder económico y político de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que defiende a rajatabla la tenencia de las armas, financia contiendas de políticos afines a su agenda, y emprende mordaces campañas de difamación contra víctimas de la violencia.

En el perenne debate sobre las armas en EEUU, hay espacio tanto para proteger el derecho de quienes usan armas con fines recreacionales o de autodefensa como para prevenir masacres en escuelas, cines, iglesias, centros comerciales, conciertos al aire libre, y demás sitios públicos. 

Pero hace falta voluntad política, más allá de discursos bonitos, para romper de una vez por todas el círculo vicioso de condolencias, oraciones, protestas e inacción política, que suele seguir a cada masacre.

La NRA, y grupos afines, se aferran a la Segunda Enmienda –anacrónica e inadecuada frente a las armas de calibre militar del siglo 21- y no asumen su parte de responsabilidad en la crisis actual.

Irónicamente, desde su fundación en 1871 como una asociación de entusiastas del deporte de la caza, y durante sus primeros cien años, la NRA sí respaldó leyes para el control de las armas.

Conforme incrementaba el problema de seguridad ante la creciente urbanización del país a partir de la década de 1950, el Congreso adoptó el “Acta de Control de las Armas de 1968”, que por primera vez impuso controles federales en la venta de las armas. La NRA la apoyó sin rechistar.

En la década de 1970, el ala conservadora de la NRA descubrió que defender el derecho a portar armas podía rendir frutos en las urnas, y tergiversó el propósito de la Segunda Enmienda, convirtiéndole en un asunto del derecho de los individuos a poseer armas y no, como reza su texto, para formar milicias de autodefensa.

Ahora, esa organización ha forjado vínculos con una lucrativa industria de armas que en 2016 generó hasta $51,300 millones en actividad económica, según la Asociación de Comercio de la Industria de Armas  (NSSF).

Si todavía hay dudas del poder corrosivo de la NRA baste ver su millonaria infusión de donaciones a candidatos políticos, principalmente republicanos. Datos del Centro para Políticas Responsables indican que, en 2016, la NRA y su brazo de presión legislativa donaron $54 millones, de los cuales unos $30 millones se canalizaron para contribuir a la victoria de Donald Trump.

Ese dinero, que no incluye el multimillonario monto para operaciones de cabildeo, viene con ataduras que limitan el campo de maniobra de los legisladores. No sorprende que éstos rechacen restricciones –o solo apoyen medidas descafeinadas-, busquen chivos expiatorios, o se hagan los ciegos y sordos.

En busca de respuestas a la epidemia de la violencia, es necesario también evaluar el papel que juega la cultura de las armas, en un país donde hay entre 270 millones y 310 millones de armas en manos civiles. Es una cultura que data de la era colonial y revolucionaria, fue clave para la expansión territorial de EEUU, echó raíces en zonas rurales, y ahora es parte de la narrativa que defiende la NRA.

Contrario a los argumentos de la NRA, sin embargo, la Segunda Enmienda no está bajo amenaza perpetua, ni nadie propone arrebatar las armas a personas que respetan las leyes.

Pero es la idea que ha plantado al dueño de armas promedio en EEUU quien, en general, comulga con la ideología conservadora de la NRA y cree, a juzgar por un estudio de 2013 del Centro de Investigación Pew, que un mayor control de las armas es sinónimo de ceder más poder al gobierno a cambio de menos seguridad para sus familias.

Con raíces judeocristianas, Estados Unidos se precia de venerar la “santidad de la vida” pero simultáneamente permite la venta incontrolada de armas de fuego más propias para campos de batalla en Irak o Afganistán que para la seguridad de un hogar.

Habría que recordarle a los legisladores que las balas no discriminan, cualquiera puede ser su siguiente víctima, y la inacción es inexcusable. Si no están “petrificados” por la NRA, como les espetó Trump recientemente, entonces les toca demostrarlo con leyes, porque sus “pensamientos y oraciones” no bastan.

Mientras el Congreso de EEUU no adopte leyes que prohíban la venta de armas de asalto, aumenten de 18 a 21 la edad para la compra de armas, fortalezcan la revisión de antecedentes de los compradores, y restrinjan las ventas por internet y en ferias, los niños y jóvenes seguirán poniendo los muertos.

Y seguiremos preguntando, como ahora lo hacen los estudiantes al tomar las calles: ¿Cuántos muertos hacen falta?.

María Peña (Nicaragua, 1978) Es licenciada en Periodismo Electrónico, tiene una  especialización en francés por American University y cuenta con diferentes cursos de posgrado en derechos humanos y resolución de conflictos. Ha trabajado como periodista bilingüe por los últimos 28 años. Actualmente es corresponsal nacional de La Opinión/Impremedia, A través de su carrera, María Peña ha entrevistado a celebridades, empresarios, y líderes políticos tales como Barack Obama, Hillary Clinton y Bernie Sanders. Ha cubierto eventos y cumbres en el exterior y ha participado en numerosos paneles universitarios, de centros de estudios y de organismos no gubernamentales sobre inmigración, economía, educación y política exterior, entre otros temas. Cubrió la histórica visita de Barack Obama a Cuba en 2016. Ha trabajado para EFE, UPI, NBC Noticias, Univisión y Telemundo. También ha sido panelista en numerosos foros de debate político, incluyendo la Voz de América, «Al Punto», de Univisión, CGTN America, Canadian Broadcasting Corporation (CBC), «Choque de Opiniones», de CNN, y «Club de Prensa», de NTN24. María Peña es vicepresidenta para la prensa escrita de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ), y miembro de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Su trabajo ha sido reconocido por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y premiado por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP).