Se me invita a opinar sobre cómo percibimos desde Europa y con mentalidad europea lo que está ocurriendo en  Estados Unidos a raíz de las últimas matanzas  con armas de fuego y víctimas mortales, en su mayoría menores de edad.

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Si dirigimos nuestra mirada hacia América del norte y más concretamente hacia EE.UU, lo que desde ahí nos llega es ciertamente preocupante. Nos resulta surrealista que en el país conocido como el de las libertades y la democracia se produzcan tiroteos que se repiten una y otra vez en diferentes estados con pérdida de vidas inocentes y sin que nadie tome las medidas necesarias para impedirlos. Esto se percibe en Europa como un claro síntoma de incapacidad y decadencia y es que la decadencia también puede ser consecuencia del estancamiento y la incapacidad para avanzar y adecuarse a los tiempos actuales.

 

En este caso, también se evidencian claras diferencias  entre lo que implica ser un país plenamente desarrollado en Europa y cómo se puede entender este mismo concepto en EE.UU. Las diferencias en el tema que nos ocupa, el uso de las armas, son notorias y vienen marcadas, básicamente, por motivos culturales y costumbres no evolucionadas.

 

Lo podríamos argumentar de muchas formas pero como diría un alemán: Diesen tatsache spricht für sich selbst (Los hechos hablan por sí mismos.) Lo que está ocurriendo en EE.UU no es algo gratuito ni fruto de la casualidad sino la consecuencia de una serie de circunstancias que propician la tragedia. En un país democrático con normas y leyes, muchas de ellas dirigidas  al amparo de los ciudadanos y a su derecho irrefutable a la seguridad, hechos semejantes sólo pueden suceder de forma accidental y no como consecuencia de un artículo de la Constitución que si bien no ejecuta, facilita. Menos aún, porque parte importante de la ciudadanía se manifieste partidaria de mantener el acceso al objeto necesario para perpetrar el delito que dé origen a una tragedia. 

 

Todo esto resulta incomprensible para los europeos, entre otras cosas, porque también los defensores de ese derecho a portar armas, que otorga la Constitución de Estados Unidos a través de la Segunda Enmienda, son susceptibles de ser víctimas aún yendo armados. Portar armas no excluye de la posibilidad de ser víctima de ellas.

 

¿Quién quiere vivir en un país en el que un tiroteo le pueda costar la vida en cualquier momento? Tratándose de EE.UU parece que no son pocos los que están dispuestos a asumir ese riesgo pero, aún así, no se puede renunciar a unas mínimas garantías de seguridad. De lo contrario el país podría convertirse en una especie de territorio sin ley. En este caso, lo lógico sería que fueran los propios ciudadanos en su totalidad los que reclamaran su derecho, sin fisuras, a la seguridad y la revocación  de cualquier ley, norma o disposición que pudiera resultar desfavorable para ello.

 

Aquí, a la otra parte del Atlántico, resulta tan inconcebible lo que  está pasando en EE.UU  como degradante para el país su incapacidad para impedirlo. La relación entre la causa y la consecuencia es incuestionable en tanto estos hechos ocurren, precisamente, en el país más permisivo  en lo que a adquisición y  tenencia  de armas se refiere. Por Tanto, quien intente negar esta vinculación no sólo va contra toda lógica sino que niega la evidencia.

 

La masacre de Florida demuestra una vez más la desprotección de los ciudadanos estadounidenses ante el uso y el abuso de las armas de fuego y la desidia de sus gobernantes y clase política en la búsqueda de soluciones efectivas al respecto. Priman los intereses económicos y políticos con una evidencia aplastante que no deja lugar a dudas. Las leyes se pueden y se deben reformar o derogar cuando suponen una amenaza para la sociedad y lejos de propiciar mejoras para ella la deterioran. 

 

Resulta sorprendente en Europa la facilidad con la que un estadounidense puede adquirir cualquier tipo de arma. Es algo así como ver una película en la que nada resulta creíble y esto hace que el argumento se vaya al garete. Es comprensible que desde aquí se contemple así si tenemos en cuenta que en la mayoría de los países europeos está mal visto comprar a un niño una pistola de juguete porque se entiende como una posible forma de fomentar en él la violencia. Sin duda alguna, existe al respecto un abismo entre las dos mentalidades.

 

Si tenemos en cuenta la cantidad de personas que sufren de algún tipo de trastorno psicológico o desajuste emocional o que, simplemente, necesitan sentir que tienen el dominio de una situación, sin otra forma de conseguirlo que a través de una pistola, nos daremos cuenta que el número de matanzas en un país como EE.UU, con más armas que habitables, podría ser aún mayor. Esto, lejos de resultar un consuelo debiera ser un motivo más de preocupación.

 

En la tragedia de Florida, que no fué la primera de estas características y que nos permite intuir que no  será la última, perdieron la vida 17 adolescentes y otros tantos resultaron heridos. Es posible que cuando este artículo llegue a su destino la fuerza mediática esté centrada en un nuevo caso que, irremediablemente, irá desvaneciendo el recuerdo del anterior. Como sabemos, cuando el dolor es ajeno la memoria se disipa como la niebla matinal que apenas dura lo que el mundo tarda en ponerse nuevamente en movimiento.  Lo cierto es que  las víctimas  mortales no volverán a casa y sus familias y amigos serán los únicos que pasados los primeros días de conmoción llorarán su ausencia. La cuestión es, a quién le tocará la próxima vez ? 

 

Cuando hablamos de los Estados Unidos de América estamos hablando del país de la democracia, las libertades y las oportunidades, ¿o no es así? Dónde se quedan los derechos a la seguridad de sus ciudadanos, dónde el derecho de los niños, adolescentes y jóvenes a no poner sus vidas en riesgo mientras se están formando para ser en el futuro lo que su país espera y necesita de ellos. Dónde están los derechos de todas las víctimas  que perdieron la vida a manos de alguien que un día pensó en lo fácil y divertido que podría resultar comprar un arma y jugar con ella en una aburrida tarde sin nada mejor que hacer.

 

Podríamos estar hablando de cualquier otra cosa pero no, hablamos de vidas  humanas. Esto permite exigir responsabilidades y respuestas rápidas y claras sin la opacidad característica de los discursos políticos que deambulan siempre por ese arte idiotizante de hablar mucho para decir nada. La maestría de la clase política para enredar y crear falsas expectativas, frecuentemente, con la intención de dejar pasar el tiempo y que los problemas caigan en el olvido nos lleva siempre al mismo punto, la incredulidad y el desaliento. La única forma de combatirlo es la insistencia y la fuerza del pueblo para demostrar que él no olvida y que otro de sus incuestionables derechos en un Estado Democrático es ser escuchado.

 

En 2018 se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas. Han pasado casi tres cuartos de siglo desde entonces  y los Derechos Humanos continúan siendo sistemáticamente violados en gran parte  de los países del mundo sin que sus gobernantes parezcan preocuparse especialmente  por ello. Desde países como Libia, donde se comercia con seres humanos poniéndolos a la venta para la esclavitud, hasta  la primera potencia del mundo, los Estados Unidos de América, que con todo su poderío militar y riqueza económica  es incapaz de ofrecer a sus ciudadanos un derecho tan básico y  fundamental como es el derecho a su propia integridad física.

 

¿Cómo es posible que un país que aprueba un multimillonario presupuesto para su  Departamento de Defensa, bajo la consigna de garantizar la seguridad de la nación  no pueda ofrecer a sus ciudadanos la posibilidad de caminar por sus calles o de asistir a sus centros escolares sin poner en riesgo su vida? Esto debería sonrojar a cualquier país desarrollado y democrático.

 

Sin duda, lo que más nos ha llamado la atención a los europeos, por lo que aquí se entiende como algo absolutamente descabellado, ha sido la comparecencia del presidente  del país, Donald Trump,  y su propuesta para solucionar el problema: que los docentes acudan armados a impartir sus clases para que en caso necesario sean ellos los que disparen antes. Este razonamiento deja a EE.UU ante el mundo como un país  fuera del tiempo y del espacio que parece haberse quedado estancado en aquellos tenebrosos años de matanzas a nativos, forajidos, carteles de se busca, tiroteos y la ley del más fuerte. Los europeos, amantes de la historia, sabemos que cuando el primer mandatario de un país es capaz de decir algo así, el país que representa está en peligro.

 

Hace 200 años puede que esto  fuera posible sin repercusión a nivel internacional y el riesgo de perder credibilidad y prestigio en el resto del mundo pero en 2018 es insostenible mantener esta postura por más que la Segunda Enmienda de  la Constitución de los Estados Unidos facilite el acceso a las armas. Existe algo que se llama sensatez  y que en cualquier lugar o circunstancia debiera tener el presidente de un país.

 

La grandeza de una nación no se demuestra, exclusivamente, cumpliendo al pie de la letra los artículos de su Constitución sino sabiendo cuándo éstos necesitan ser reformados  o derogados, a veces con urgencia, ya sea por resultar anacrónicos e inviables dentro de la sociedad actual o por ser generadores de situaciones injustas y dolorosas que lleguen a poner en riesgo la dignidad o, como es el caso, la propia vida de sus ciudadanos. 

 

El gobierno y los partidos políticos  de EE.UU deben definirse de forma clara en algo tan concreto como dónde situar sus prioridades. Si en el mantenimiento del negocio de las armas y sus intereses políticos o en el derecho de todos los estadounidenses a tener leyes que les amparen, aún cuando parte de los ciudadanos no reclamen ese derecho. El país de las banderas y del patriotismo no puede olvidar que su grandeza no se debe exclusivamente a los servicios prestados por los marines de sus Fuerzas Armadas o sus veteranos de guerra sino a todos y cada uno de los ciudadanos que trabajan por y para que Estados Unidos sea lo que es. Sin duda, si las víctimas de estas matanzas hubieran sido miembros de sus Fuerzas Armadas la respuesta por parte del gobierno de EE.UU y sus expresiones de duelo serían otras.

 

El hecho de que la Asociación Nacional del Rifle continúe teniendo el peso y el poder que tiene en el país, así como que durante los últimos sesenta años se haya duplicado el número de partidarios al libre comercio y tenencia de armas en el país no parece auspiciar los cambios que serían necesarios para terminar con un problema que al tiempo que reclama soluciones se ve reforzado por la Segunda Enmienda de la Constitución del país, claros intereses económicos y políticos, una arraigada cultura vinculada a las armas y el apoyo de una buena parte de la población para que éstas  sigan siendo uno de los juguetes favoritos de muchos estadounidenses.

 

Dicho esto, no parece fácil encontrar una solución al problema sin la presión ciudadana y la implicación, el deseo y la predisposición de ambos partidos políticos para llevar a cabo una renovación que ofrezca al mundo una imagen del país acorde  a los tiempos que vivimos y a lo que se espera de él. Avanzar significa dar pasos hacia adelante y no mantenerse en el peor de los pasados.