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Crónica de un exiliado nicaragüense

Por Bayardo Agustín Castillo Matus

Soy Bayardo Agustín Castillo Matus, de Jinotepe, Carazo, departamento de Nicaragua y abogado de profesión. Ejercí la carrera hasta el estallido social de 2018, reprimido brutalmente por la dictadura Ortega-Murillo. De marzo de 2010 hasta julio de 2012 fui juez suplente local penal de la ciudad de Rivas.  

Cursé estudios de postgrado e hice una maestría en Derecho de Empresas con especialización en Asesoría Jurídica de Empresas y Derecho de Mercado Financiero. Paralelamente trabajé en el sector privado desde abril de 2008 a 2018. 

Me desempeñé como representante legal y Apoderado Generalísimo de la línea aérea Transportes Aéreos Guatemaltecos, S. A. (TAGSA), que en 2018 se encontraba en proceso de obtener el Certificado de Explotador Aéreo a fin de iniciar operaciones en Nicaragua. Sin embargo, debido a la corrupción en las instituciones del Estado nicaragüense esto no fue posible, puesto que cada vez que cumplía con los requerimientos establecidos por la Ley 595, Ley General de Aeronáutica Civil, entorpecían el proceso. Era evidente que la única manera de obtener dicha concesión era por medio de coimas o sobornos.

El 26 de enero de 2018 me afilié a la Asociación de Abogados y Notarios Públicos de Carazo. En esta Asociación era un miembro activo. Participé en seminarios y capacitaciones a abogados y notarios públicos sobre las nuevas reformas del Código Procesal Civil que entraron en vigor en Nicaragua en abril de 2018; promovía cursos para capacitar a los nuevos abogados de Carazo a fin de que se integraran a la Asociación y también reclutaba a nuevos miembros.

Llevaba una vida digna en Nicaragua. No obstante, ante las atrocidades cometidas por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo en represión a las protestas cívicas de 2018, pues pretendían realizar reformas al sistema de seguridad social de forma arbitraria que perjudicarían a todos los asegurados, especialmente a los más necesitados, los dictadores reaccionaron con una brutalidad sin precedentes: enviaron a sus fuerzas policiales, antimotines y simpatizantes a atacar a los protestantes. Decidí que era hora de actuar. 

Desde ese día se inició una ola de represión en contra de cualquier persona que no estuviera de acuerdo con la dictadura. Como consecuencia del ataque de las fuerzas simpatizantes del gobierno, varias personas fueron asesinadas, secuestradas, torturadas y posteriormente encarceladas injustamente.

Desde el inicio de las protestas demostré mi amor por Nicaragua. En búsqueda de justicia, me uní a las actividades autoconvocadas por el movimiento Azul y Blanco. Apoyé con alimentos y medicinas a las personas que se encontraban en los tranques de la ciudad de Jinotepe y durante el primer ataque permanecí en el puesto médico de la Parroquia Santiago.

El día de la «Operación Limpieza» colaboré tocando las campanas de la Parroquia para advertir al pueblo de la violencia de la dictadura.

El 13 de junio, a pesar del gran peligro que corría y arriesgando la vida, atravesé los tranques de la ciudad junto con el Cuerpo de Bomberos de Jinotepe rumbo a la ciudad de San Marcos para retirar de la casa de habitación del señor Walter Méndez una donación de medicinas e insumos médicos que habían sido donados anónimamente. Una vez retirada la donación, fue entregada a la Parroquia Santiago.

Cabe mencionar que el señor Méndez fue secuestrado de su casa el día 2 de agosto y acusado injustamente por la dictadura Ortega-Murillo de terrorismo por no estar de acuerdo con ellos y sus simpatizantes.

El 8 de julio la ciudad de Jinotepe fue fuertemente atacada por policías, antimotines y paramilitares. Cargaban armas de alto calibre. Durante el ataque fueron asesinadas varias personas, otras fueron secuestradas, torturadas y muchas de ellas aún están detenidas, enfrentando cargos injustamente.

Debido a la gravedad del ataque, el 9 julio la Conferencia Episcopal de Nicaragua decidió viajar en una caravana al departamento de Carazo para tratar de detener la represión que se había desatado en contra de los miembros del movimiento de autoconvocados de cada ciudad del departamento después del ataque. 

En esa ocasión acompañé a los obispos y sacerdotes que habían viajado desde Managua a Diriamba, pero al llegar a la Basílica de San Sebastián fueron atacados verbal y físicamente por simpatizantes del gobierno. Esto impidió que pudiéramos seguir el recorrido al resto de las ciudades, incluyendo Jinotepe.

Fui señalado, perseguido y amenazado de muerte en las redes sociales. Mi fotografía circuló en todos los medios y fui acusado injustamente de terrorismo por patrocinar los tranques. Por eso, el ocho de julio me resguardé para proteger la vida. 

Cuando me enteré del viaje de la Conferencia Episcopal me comuniqué con el Padre Edwin Román y acordé con él que ese día saldría en mi auto de la ciudad de Jinotepe en la caravana que acompañaba a la Conferencia. Desafortunadamente los obispos tuvieron que suspender el viaje y no pude salir.

El 10 de julio hui en compañía del joven Kevin Román, miembro activo del movimiento de autoconvocados de la ciudad de Jinotepe, aun sabiendo el peligro que corría en las carreteras porque estaban tomadas por paramilitares y policías con orden de detener a todos los lideres autoconvocados.

Me escondí en Managua por casi dos meses en casas de amigos y familiares hasta que logré salir del país. Llegué a los Estados Unidos donde me fue otorgado el asilo político. 

Yo, Bayardo Agustín Castillo Matus, doy fe de esto a fin de dejarle saber al mundo las atrocidades que se han cometido y se siguen cometiendo en Nicaragua por parte de la dictadura Ortega-Murillo.  

 

Miami, Florida, Estados Unidos, noviembre 2022.

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Bayardo Agustín Castillo Matus